Magnifica Humanitas
INTRODUCCIÓN (7)
Cuando Benedicto XVI hizo alusión a los valores no negociables que la Iglesia siempre debe defender, incluyó entre estos «la promoción del bien común». 75Para un cristiano, en efecto, salir del pequeño mundo de sus propios intereses y comprometerse por el bien común —en los límites de sus propias posibilidades— es un valor no negociable, como lo es la promoción de la vida. 60.
El Concilio Vaticano II ha afirmado que el bien común consiste en «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección». 76 Esta definición nos ofrece una primera orientación valiosa, porque el bien común no se puede reducir a un simple listado de condiciones o de instituciones.
No coincide con la suma de méritos de los individuos, ni con la unión de sus intereses particulares; es un bien mayor, que pertenece a todos, y que sólo juntos podemos construir, acrecentar y custodiar.
Podemos decir que la acción social alcanza su plenitud cuando tiende a este bien compartido, así como la acción moral de la persona encuentra cumplimiento en la elección del verdadero bien. 77 61.
En este sentido, podemos afirmar que «el todo es más que las partes» 78] y que precisamente por eso «la mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad». 79 Es una ilusión pensar que sea suficiente con buscar el propio progreso para contribuir al bien de todos, sin tener que preocuparse realmente de los demás.
Esta visión ignora el valor propio y específico del bien común; este es fruto de la «interdependencia» 80] que provoca una red de bien social que se difunde e incide en las personas.
El bien común es un plus, resultado de la interacción y de la influencia recíproca que une diferentes acciones, iniciativas, esfuerzos y decisiones.
Si se sumaran simplemente los bienes individuales, no se podría explicar la existencia de este plus que los supera y al mismo tiempo los enriquece. 62.
La búsqueda del bien común es lo que da vida a un pueblo, entendido no como una mera suma de individuos, sino como una realidad viva donde las personas aprenden a reconocerse vinculadas las unas a las otras y corresponsables de la res publica.
En este sentido, cada persona contribuye a construir su propio pueblo con «un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía». 81 Trabajar juntos en pos del bien de todos significa tener un proyecto compartido.
Es evidente que entre las diversas personas hay muchas diferencias ideológicas y pragmáticas, hay variedad de intereses y frecuentes contrastes, pero eso no significa que sea imposible un proceso de diálogo para configurar una base de consenso que permita constituir un proyecto para todos y caminar juntos. 63.
Corresponde al Estado garantizar la cohesión, la unidad y una justa organización de la sociedad civil, para que el bien común realmente pueda ser procurado con la contribución de todos.
Esto significa, en concreto, que el poder público tiene la delicada 25/5/26, 9:26 Carta Encíclica de Su Santidad León XIV Magnifica Humanitas (15 de mayo de 2026) https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html 15/54 tarea de «armonizar con justicia» 82]los diversos intereses en juego, buscando el equilibrio entre bienes particulares y bienes de conjunto, sin dejar atrás a los más débiles.
Cuando la política renuncia a una visión a largo plazo y se reduce a cálculos de corto plazo o a polarizaciones estériles, los discursos sobre el bien común pierden credibilidad, y al mismo tiempo crecen las desigualdades y las fracturas sociales. 64.
Esto vale también para la política internacional.
Mientras las distancias entre los pueblos aumentan, se abren camino lógicas de confrontación y de agresividad, y el difícil recorrido hacia un mundo más unido y fraterno sufre nuevos y dolorosos contratiempos.
En este marco, hablar de un camino compartido hacia un desarrollo más justo para toda la familia humana «suena a delirio». 83Pero no podemos perder la esperanza.
Invito a todos a pensar en formas de cooperación y de instituciones internacionales más eficaces, capaces de cuidar el bien común global sin anular la legítima pluralidad de los pueblos y de los estados.
En efecto, la promoción del bien común nunca puede separarse del respeto al derecho de los pueblos a existir, a custodiar su propia identidad y a contribuir con su propia originalidad a la familia de las naciones. 84Cualquier intento o proyecto de eliminar o someter una nación es gravemente inmoral y, por lo tanto, inaceptable.
El principio del destino universal de los bienes 65. «Entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediato relieve el principio del destino universal de los bienes». 85 Este principio nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes.
San Juan Pablo II recordaba que «Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno». 86 En consecuencia, «no es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos». 87Hoy estamos llamados a reconocer que este destino universal no se refiere sólo a los bienes materiales, sino también a los bienes inmateriales y culturales. 66.
Existe un derecho a la propiedad privada que tiene su sentido y su función propia, pero siempre subordinado al destino universal de los bienes.
Según san Juan Pablo II, dicha subordinación es la regla de oro del comportamiento social y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social». 88 La tradición de la Iglesia ha visto en la propiedad un medio para custodiar y administrar los bienes de manera que puedan servir mejor al bien común.
Dado que «la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada», 89] su función social no debe ser considerada como una mera opinión teológica, sino como una doctrina cierta de la Iglesia, ya presente en las Sagradas Escrituras y en los Padres.
Por eso, el Papa Francisco recordó que la solidaridad, vivida en profundidad, significa también «devolverle al pobre lo que le corresponde». 90 67.
Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos.
En un contexto donde la riqueza de las naciones depende cada vez más de conocimientos y tecnologías, cuando estos bienes quedan concentrados en las manos de unos pocos, sin adecuadas formas de intercambio y de acceso, se crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de los bienes y alimenta la brecha entre incluidos y excluidos, entre quienes pueden participar en la revolución digital y quienes permanecen al margen.
Además, el cuidado de la Casa común y la responsabilidad hacia los pobres y hacia las generaciones futuras requieren que el uso de los bienes de la creación y de las nuevas posibilidades ofrecidas por la técnica esté regulado de tal modo que respete el ambiente y evite despilfarros y nuevas formas de estafa.
El principio de subsidiariedad 68.
El principio de subsidiariedad nace de la misma visión sobre la persona que ha guiado nuestra reflexión sobre la dignidad y el bien común.
Si toda mujer y todo hombre están llamados a ser protagonistas de su propia vida y a participar en la construcción de la sociedad, entonces también la organización social debe respetar y favorecer esta responsabilidad.
La Doctrina social de la Iglesia llama “subsidiariedadˮ al principio según el cual aquello que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades locales y los cuerpos intermedios no debe ser absorbido por instancias superiores.
Las instituciones de nivel superior deben reconocer, proteger y promover la libertad y la creatividad de los niveles inferiores, coordinando sus aportaciones para que cooperen eficazmente al bien común. 91 69.
Desde el inicio del Magisterio social moderno, a partir de León XIII, la Iglesia ha insistido en el hecho de que ni la persona ni la familia deben ser absorbidas por el Estado, sino que deben actuar libremente, en la medida de lo posible, sin causar daño al bien común. 92 San Juan Pablo II retomó y profundizó esta perspectiva, recordando que la comunidad política está al servicio de la sociedad civil y que el Estado debe velar por el bien común, interviniendo cuando sea necesario, pero sin sustituir de manera permanente la responsabilidad de los cuerpos intermedios y de las entidades sociales. 93La subsidiariedad no justifica el 25/5/26, 9:26 Carta Encíclica de Su Santidad León XIV Magnifica Humanitas (15 de mayo de 2026) https://www.vatican.va/content/leo-xiv/es/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html 16/54 desinterés del Estado, sino que orienta su acción; la intervención pública se requiere precisamente para permitir que todos los sujetos sociales desarrollen su misión sin ser aplastados.
Corresponde a la comunidad política crear las condiciones para que personas, familias, asociaciones y cuerpos intermedios puedan realizar su propia vocación social, sin ser sustituidos o reducidos a meros ejecutores. 94 70.
Este principio alienta a superar toda forma de gestión paternalista o asistencialista de la vida social, promoviendo un estilo de corresponsabilidad: un Estado que valora la iniciativa de los ciudadanos y una sociedad civil capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común.
En una lógica de subsidiariedad, las decisiones se toman al nivel más cercano posible a las personas involucradas, valorando la vida asociativa, de modo que el pueblo no se encuentre frente a decisiones ya tomadas, sino que pueda entrar en su camino de construcción.
Allí donde familias, asociaciones, comunidades locales, realidades del voluntariado y del denominado “tercer sectorˮ son reconocidas y sostenidas, la vida social se vuelve más cercana a las personas, los servicios se brindan con mayor atención a las necesidades reales y las respuestas son más creativas y respetuosas de la dignidad de cada uno. 95 71.
El principio de subsidiariedad vale de manera particular en el contexto de la revolución digital.
Aquí el nivel superior no es el Estado, sino todo gran actor económico y tecnológico que ejerce un poder fáctico sobre las condiciones de la vida común.
El nivel que absorbe competencias, datos y capacidad decisional está constituido por empresas y plataformas, que definen condiciones de acceso, reglas de visibilidad, formas de relación e incluso oportunidades económicas.
La subsidiariedad requiere que dichos procesos no se impongan desde lo alto de modo opaco y unilateral, sino que estén orientados al bien común mediante la transparencia, la responsabilidad y formas reales de participación (auditorías independientes, transparencia en los algoritmos, acceso equitativo a los datos, herramientas de apelación). 96 72.
En este contexto, los estados y las instituciones supranacionales están llamados a garantizar reglas justas y mecanismos de protección eficaces para que las comunidades locales, los cuerpos intermedios, las escuelas y las universidades, así como las realidades eclesiales y asociativas puedan tener voz y contribuir al discernimiento de las decisiones que inciden en la vida de las personas: trabajo, acceso a los servicios, gestión de los datos y ambientes digitales.